La CAF- Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, anunció la creación de un Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela tras la devastación causada por los sismos ocurridos en el país el pasado 24 de junio.
Este fondo permitirá recibir contribuciones de gobiernos, organismos internacionales, empresas, fundaciones, personas naturales y otros socios, detalló la institución en un comunicado.
El organismo multilateral aseveró que las donaciones se regirán por un mecanismo de administración y rendición de cuentas y que el dinero recabado se destinará a las iniciativas que defina y priorice la Administración gubernamental venezolana.
Asimismo, anunciaron que la institución realiza “un aporte semilla de $1 millón para activar el mecanismo y financiar las primeras iniciativas prioritarias”, y destacaron que la CAF no cobrará comisiones por la administración e implementación de los recursos recibidos, para que los fondos sean utilizados en emergencias y en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Indicaron que se desarrollarán varias etapas, de acuerdo a los requerimientos de Venezuela. “Una primera fase contempla la atención inmediata, con ayuda humanitaria y apoyo a las instituciones encargadas de la emergencia”, acotó la CAF.
La siguiente fase consiste en la rehabilitación de servicios críticos en áreas como salud, agua y saneamiento, energía, educación y conectividad y, por último, “la recuperación y la resiliencia, con foco en la reconstrucción temprana, la recuperación de los medios de vida y la reducción de la vulnerabilidad frente a futuros eventos”, destacó la institución financiera.
Estiman pérdidas por $6.700 millones
Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima pérdidas iniciales de $6.700 millones en viviendas y activos económicos por los terremotos ocurridos en Venezuela.
Las estimaciones preliminares indican que las pérdidas en viviendas y activos económicos ocasionados por los dos terremotos que ocurrieron en Venezuela el 24 de junio se calculan en unos 6.700 millones de dólares y que este monto es equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Este monto “no incluye los daños a la infraestructura, la mayor disrupción económica ni los costos de reconstrucción a largo plazo, y que la cifra puede aumentar de acuerdo con la disponibilidad de información.
El organismo realizó estos cálculos basándose en una evaluación satelital de Análisis Digital Rápido (Rapida, por sus siglas en inglés) ejecutada en las horas posteriores a los terremotos. La técnica utilizada combina modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población.
En su análisis, la institución concluyó “que aproximadamente de 8,6 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas superiores a moderadas en el norte del país, incluidas aproximadamente 2,1 millones expuestas a sacudidas más intensas”.
“La rapidez y precisión de las evaluaciones iniciales son esenciales para una respuesta efectiva”, señaló Luis Francisco Thais, representante residente del PNUD en Venezuela. “Herramientas como Rapida nos ayudan a tomar decisiones con más velocidad y basadas en evidencia para apoyar a las comunidades afectadas”, indicó a través de un comunicado difundido en el portal web del PNUD.
Instrucción a las aseguradoras
Por su parte, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) emitió una circular en la que instruye a las empresas del sector asegurador a levantar de forma temporal la exclusión por catástrofes naturales en las pólizas de salud y de accidentes personales.
Esta acción tiene como fin garantizar la atención médica de los asegurados que resultaron heridos tras el doble sismo del pasado 24 de junio.
En este sentido, María del Carmen Bouffard, especialista en el área de seguros, explicó que la medida de Sudeaseg, contemplada en la circular SAA-01-0137-2026, responde a la naturaleza técnica con la que se construyen estos contratos.
Explicó la analista que “normalmente en los seguros de salud, el riesgo de terremotos u otras catástrofes naturales está excluido”, y precisó que la decisión oficial busca que las compañías den cobertura inmediata a quienes requieran asistencia sanitaria derivada de la contingencia.
El impacto financiero en el sector
La disposición, orientada a proteger a los usuarios, abre un flanco técnico complejo para las empresas de seguros. Bouffard advirtió que la Sudeaseg deberá evaluar mecanismos de compensación para balancear la inversión imprevista que asumirá el sector, la cual no estaba contemplada dentro de los riesgos técnicamente calculados, y que “puede impactar fuertemente las finanzas de las empresas de seguro”.
La especialista lamentó la debilidad estructural del ramo residencial en el país porque lamentablemente la contratación del seguro residencial es muy baja.